Mociones de censura contra el primer ministro, Gustavo Adrianzén.

Las iniciativas cuentan con la firma de 59 congresistas (se necesitan 66 votos para su aprobación).  Alianza para el Progreso y Fuerza Popular, principales fuerzas políticas y aliados del Gobierno, no se han adherido al pedido. El primer ministro ha deslizado la posibilidad de disolución del Congreso. Legalmente, es factible hasta 28 de julio, pero requiere que se haya denegado dos cuestiones de confianza planteadas por el Ejecutivo. De llegarse a ese extremo, este Congreso tendría todo el incentivo para aprobar una vacancia basada en alguna de las denuncias que existen sobre actos y dichos de la presidenta Boluarte. El comentario del primer ministro ha provocado que el presidente del Congreso, Eduardo Salhuana, salga a defender la potestad de control político del Congreso.

Una censura requeriría el voto en bloque de la mayoría de las bancadas firmantes.

Es posible que la amenaza de disolución pueda promover que se obtengan los 7 votos faltantes para que se censure al gabinete la próxima semana, lo que obligaría a la presidenta a buscar un nuevo primer ministro que tenga la aprobación del Congreso. Los ministros más cercanos a la presidenta difícilmente logren cumplir ese requisito. Si se llega a esa situación, lo mejor sería que se convoque a un gabinete de transición, que permita mejorar la gestión estatal, pero es un escenario muy poco probable. El otro escenario es que no se alcance la votación para la censura. Ello reforzaría la percepción de cercanía entre el Ejecutivo y la alianza heterogénea de partidos que permite alcanzar mayorías en el Congreso. Esta percepción de cercanía tendrá impacto en las próximas elecciones, dado el nivel de desaprobación de ambos poderes y la propensión del Ejecutivo a generar situaciones controversiales que impactan en la opinión pública, como el reciente informe del MEF respecto al aumento de sueldo a la presidenta.

Barbarie en Pataz sin respuestas efectivas.

La muy violenta muerte de trece trabajadores de una contratista de la empresa Poderosa, que ya suma 39 colaboradores que han sido víctimas de bandas criminales en la zona de Pataz. Esta masacre ocurre en un contexto de ineficacia en la lucha contra la inseguridad ciudadana, con más de 700 peruanos asesinados a nivel nacional en lo que va del año. La escalada de violencia y extorsiones se ha convertido en el principal problema del país, afectando a familias, negocios y empresarios.

Frente a estos hechos, casi una semana después de la masacre en Pataz, el Ejecutivo publicó el decreto de urgencia que ordena la intervención en la zona.

Estas han sido duramente criticadas por distintas fuentes. Después de quince meses de estado de emergencia, durante los cuales la acción criminal ha llegado a este extremo, no queda claro por qué medidas como el toque de queda de 6 pm a 6 am tienen algún impacto concreto. Otras medidas incluyen la instalación controles, revocatoria del Reinfo a mineros ilegales y la implementación un sistema piloto de trazabilidad del oro. Expertos coinciden en que el problema debe tratarse como crimen organizado, lo que requiere que las penas sean mayores a 5 años, cuando la minería ilegal tiene 4. Urgen acciones articuladas y el uso de inteligencia para enfrentar de manera efectiva esta gravísima situación que, de no controlarse, puede propiciar que otros grupos criminales actúen con niveles de violencia similares. En medio de la crisis por la minería ilegal, Víctor Zanabria, comandante general de la PNP, fue acusado de recibir pagos en efectivo y oro de mineros informales en Pataz. En este contexto parece cada vez más difícil dar lucha a la minería ilegal.

Desde el Congreso, tampoco se prevén acciones.

A cinco meses de la última extensión del Reinfo, el Legislativo no ha debatido la nueva ley de pequeña minería (MAPE). Ante la ausencia de un marco transitorio, el riesgo es que el Ejecutivo amplíe por seis meses más el plazo mediante un decreto supremo, como lo estipula la norma. El Congreso ha aprobado al menos tres medidas que favorecen a la minería informal durante la actual gestión (extensión del Reinfo en dos oportunidades, derogatoria del DL 1607 –que otorgaba a la PNP más facultades para actuar contra la posesión ilegal de explosivos por parte de mineros informales, autorizar la entrega de maquinaria e insumos de la minería ilegal a gobiernos regionales y municipalidades). Sin correcciones a ese marco legal y sin una acción coordinada entre Poder Ejecutivo, Ministerio Público y Poder Judicial, incluyendo protección a quienes participan de un esfuerzo de este tipo, es difícil pensar que se pueda lograr resultados positivos.

Panorama de deterioro de la eficacia del Estado.

El Ejecutivo viene acumulando una serie de fallas en distintos sectores: niños intoxicados por los desayunos escolares, escape de reclusos de prisiones, denuncias por contrataciones irregulares y hasta el presunto abandono del cargo por parte de la presidente. El Congreso también tiene desaprobación mayoritaria. Hay fiscales y jueces que no cumplen con castigar el delito. La desconfianza se agrava también por el descubrimiento de que varios partidos han presentado firmas falsas para su inscripción, sin que sea posible castigar esos casos porque la ley prohíbe cambiar las normas una vez que se han convocado las elecciones. Si se siguen acumulando hechos que deslegitiman el accionar del Estado, a través de distintas entidades, es probable que aumente el atractivo de los candidatos que propongan planteamientos disruptivos.

Elaborado por María Alejandra Gutiérrez, Coordinadora de Asuntos Públicos.