Más allá del Reinfo y la Ley MAPE, el Congreso impulsa iniciativas que endurecerían la regulación minera y que han pasado casi inadvertidas. Solo en la última legislatura, más de la mitad de los proyectos (10 de 18) se enfocaron en temas distintos a la formalización. Este reporte explora esas tendencias en el tramo final de la gestión. Todo ello en un contexto donde la Comisión de Energía y Minas, presidida por Víctor Cutipa (Juntos por el Perú) —conocido por su cercanía a gremios de minería informal— podría reforzar el control y fiscalización del sector. 

En la Comisión de Energía y Minas destacan dos proyectos que buscan regular la concentración de concesiones.

El PL 10610 (Edwin Martínez) propone la caducidad de denuncios, petitorios y concesiones inactivas, mientras que el PL 11045 (Bloque Magisterial) exige planes de desarrollo progresivo y plantea revocar derechos sin actividad tras cinco años. Ambos podrían impactar a empresas con carteras extensas en exploración y, en el caso del segundo proyecto de ley, incorporan además un enfoque ambiental y social. 

En el plano ambiental, tres proyectos elevan el riesgo regulatorio.

El PL 11538 (Poder Ejecutivo) faculta al MINEM a encargar a Activos Mineros el cierre de minas incumplidas y demandar a titulares por los costos. El PL 11841 (Avanza País) prohíbe el mercurio e incorpora plan nacional, fondo de transición y certificación de oro limpio, con 60 meses de adecuación. El PL 12136 (Podemos Perú) obliga a compensar a comunidades por daños ambientales, con montos fijados por el OEFA. Las iniciativas ambientales suelen tener mayor consenso político, como mostró el antecedente del PL 3714 (Perú Libre), que endurecía sanciones por daño ambiental y llegó a primera votación en el Pleno. 

En la agenda tributaria se retoma el debate de reforma de la regalía minera y el Impuesto Especial a la Minería (IEM), con el PL 10479 (Bancada Socialista).

La propuesta recalcula la regalía sobre el valor del concentrado, con tasas progresivas de 1% a 4% según el nivel de ventas, y amplía la escala del IEM hasta un marginal de 25% para utilidades operativas superiores al 80%. De aprobarse, significaría un aumento sustantivo de la carga fiscal del sector en un contexto de precios altos de minerales. Aunque este tipo de reformas no han prosperado en el Congreso, conservan vigencia en el plano electoral y pueden reactivar el debate sobre la carga fiscal minera. 

En el último mes, dos proyectos ampliaron la agenda minera con riesgos de trazabilidad.

El PL 12172 (Somos Perú) autoriza al BCRP a custodiar oro con devolución del IGV y un título valor negociable, pero puede facilitar la infiltración de oro informal en el sistema financiero. El PL 12030 (Juntos por el Perú – Bloque Magisterial), impulsado por Víctor Cutipa, presidente de la Comisión de Energía y Minas, otorga beneficios tributarios e impone abastecimiento interno sin reforzar controles de origen, elevando el riesgo de que la producción informal se filtre en la cadena industrial y comprometa la trazabilidad del sector formal. 

El Congreso mantiene a la minería bajo alta presión regulatoria.

Más allá del Reinfo y la Ley MAPE, en la última legislatura se han multiplicado proyectos que refuerzan el control ambiental, endurecen el esquema de regalías, condicionan el acceso a concesiones, e impactan la trazabilidad del oro. Aunque algunas iniciativas avanzan lentamente, el volumen y la diversidad consolidan un escenario de riesgo regulatorio creciente que, más aún en un año preelectoral, exige al sector fortalecer su narrativa de cumplimiento ambiental, aporte fiscal y gestión responsable de concesiones, junto con un relacionamiento comunitario y político más estratégico.