18 días antes de lo necesario, la presidenta Boluarte convocó a elecciones generales, en un intento por cambiar el debate político. La convocatoria se produce en un contexto turbulento para el Ejecutivo, marcado por la reciente censura del ministro del Interior, Juan José Santivañez, y el nombramiento de su viceministro de Seguridad Pública como su reemplazo. La decisión del Gobierno de persistir en un perfil similar al de Santivañez implica una desconexión importante con el malestar ciudadano más álgido y extendido entre la opinión pública y donde, además, resulta difícil que la situación pueda mejorar.

La censura a Juan José Santivañez ha generado cierto reacomodo en la alianza entre Ejecutivo y Legislativo. Renovación Popular y Avanza País, que en semanas previas rechazaban la moción, se volvieron promotores de la misma, distanciándose del Gobierno. Fuerza Popular también votó a favor de la censura, para no asumir el costo político, aunque buscó también evitar la marcha convocada por diversos artistas. Los partidos políticos, frente a un Gobierno profundamente impopular e ineficaz, van a tener que competir por visibilidad y adquirir un rol opositor para tener opción en un año prelectoral.

La convocatoria a elecciones empodera más al Legislativo: formalmente, la presidenta Boluarte no puede disolver el Congreso desde el 28 de julio y tampoco podría llenar los requisitos antes de esa fecha. La opción de vacancia presidencial sigue siendo poco probable, pero no descartable frente a un Gobierno deslegitimado y con múltiples errores y denuncias. Una vacancia depende de dos elementos: un evento grave que motive a 87 congresistas a respaldarla por la presión social; y un consenso en el Legislativo sobre quién podría suceder a la presidenta en un contexto preelectoral sin generar protestas masivas.

La marcha del 21 de marzo ha evidenciado una mayor capacidad de convocatoria. El último viernes, diversos sectores se unieron en una manifestación exigiendo medidas efectivas contra la inseguridad. Aunque la movilización perdió un poco de fuerza tras la censura al ministro del Interior y el intento del fujimorismo por desanimar a algunos artistas promotores, su alcance fue significativo. Es probable que las manifestaciones aumenten por el creciente descontento ciudadano, dado que es improbable que se pueda generar un cambio significativo en la lucha contra la delincuencia en lo que resta del período.

La tensión entre Congreso y Ejecutivo, de un lado, y Poder Judicial y Ministerio Público, se mantendrá, perjudicando un trabajo coordinado contra la delincuencia. Las tensiones se basan en investigaciones a la presidenta y su entorno y a algunos congresistas, que acumulan indicios de irregularidades con sustento. A ello se suman decisiones arbitrarias de la fiscalía como el inicio de investigaciones preliminares a Fuerza Popular y País para Todos, de Carlos Álvarez, que probablemente se desestimen, pero aumentan la tensión. El Congreso busca reformar el sistema de administración de justicia, en particular el Ministerio Público y el Tribunal Constitucional, pero tiene pendiente definir lo referente a cuánto se puede investigar a un presidente en ejercicio.

El 12 de abril quedan firmes las normas electorales. La Comisión de Constitución del Congreso trabaja en ajustes finales, como la regulación del voto digital, aprobado en primera votación; la elección del presidente del JNE; la inscripción de alianzas y otras iniciativas. En declaraciones a la prensa, Roberto Burneo, presidente del JNE, indicó que el plazo se cerró al convocarse las elecciones, con 41 organizaciones registradas, lo que ha sido cuestionado por especialistas, que señalan al 12 de abril como fecha límite. Ello abriría la posibilidad de que se registren los partidos de Aníbal Torres (Adelante Pueblo Unido), Duberlí Rodríguez (Unidad Popular) y Ciro Gálvez (RUNA), que se encuentran en etapas finales del proceso.

En adición a ello, persiste la preocupación por candidaturas radicales: Antauro Humala al Congreso en calidad de invitado o incluso el propio Pedro Castillo. Es el JNE quien tendrá la última palabra al respecto.