Este reporte analiza cinco principales riesgos político-sociales que podrían definir el panorama del Perú en 2025, desde la perspectiva del sector privado.
- Mayor tensión entre Ejecutivo y Legislativo
- Creciente riesgo regulatorio
- Inseguridad ciudadana
- Incertidumbre por cercanía a elecciones 2026 (generales y regionales).
- Mayor conflictividad social
- Incremento de la tensión en la relación Ejecutivo – Legislativo
En 2024, la relación entre los poderes del Estado estuvo marcada por una subordinación del Ejecutivo frente al Congreso. Esto se reflejó en la aprobación de leyes antitécnicas, algunas incluso favoreciendo el crimen y economías ilegales, sin contrapesos del Ejecutivo y con opinión en contra del Ministerio de Economía, donde este optó por ceder ante las presiones legislativas. Esta dinámica estuvo fundamentada en una alianza que priorizó la continuidad de ambos poderes, pero que evidenció una falta de equilibrio, debilitando la separación entre ambos, con consecuencias para las finanzas públicas y al sector minero formal en lo económico, y a la lucha contra la delincuencia en lo social.
En 2025, esta dinámica puede continuar, pero con presiones aún mayores desde el Congreso, configurando un escenario de mayor inestabilidad, especialmente con la convocatoria a elecciones generales, prevista para abril. A partir de ese momento, según la Constitución, la presidenta Boluarte ya no podrá disolver el Congreso, lo que implica un Legislativo aún más empoderado. Si la presidenta mantiene la misma impopularidad, el Congreso tendrá mayores incentivos para distanciarse de su gestión y buscar una imagen de mayor autonomía en este nuevo contexto. Dependiendo de los distintos hechos que puedan ocurrir y la reacción del gobierno, podrían desembocar en una vacancia. Como se sabe, ya existen hechos que podrían usarse de justificación de una eventual vacancia (Qali Warma, financiamiento de campaña de Perú Libre, Rolex, etc.), y la frecuencia con la que se cometen errores y declaraciones inapropiadas, además de descubrimiento sobre diversas irregularidades, sumado al hartazgo por las fallas de gestión del gobierno podrían generar condiciones para que 87 congresistas estén dispuestos a la vacancia, lo que implica también acordar un nuevo presidente del Congreso para asumir la presidencia de la República hasta el 28 de julio 2026. Esa persona tendría que cumplir ciertas condiciones, si se quiere que sea estable. Tendría que poder manejar mejor el tema de seguridad ciudadana, que es la principal prioridad ciudadana, y el orden interno, además de no tener aspiraciones presidenciales para 2026.
- Riesgo regulatorio se ve impulsado por año pre-electoral
En el contexto electoral, el riesgo de que se impulsen iniciativas populistas aumenta. Las bancadas del Congreso, inmersas en plena campaña política, buscarán impulsar medidas de corte popular y propuestas alineadas con sus propias agendas, en un esfuerzo por ganar respaldo entre sectores organizados del electorado y reforzar su visibilidad de cara a las elecciones generales y también las regionales y locales de noviembre 2026. De hecho, en 2024 se aprobaron diversas iniciativas perjudiciales para la institucionalidad (retiros de AFP y CTS, ampliación de Reinfo, etc.), así como medidas que debilitan el sistema de justicia. En 2025, se espera que esta tendencia se intensifique.
Para poder prevenir riesgos en este contexto pre-electoral, las empresas deben identificar previamente qué riesgos son posibles e implementar un monitoreo constante del entorno político y legislativo. Los tiempos para poder reaccionar frente a iniciativas legislativas antitécnicas será muy corto, lo que requerirá haber identificado y fortalecido alianzas estratégicas con gremios y actores clave, si se quiere poder reaccionar a tiempo.
- Mayor inseguridad ciudadana
En 2024, la criminalidad en el país aumentó de manera sustancial, resultado de la ausencia de estrategia y liderazgo en las políticas necesarias para identificar a los líderes de bandas criminales y lograr su captura y encarcelamiento. Por el contrario, se debilitó la DIVIAC y personal especializado en investigación fue reasignado a labores de menor relevancia.
En 2024, se registraron más de 1800 homicidios, casi un tercio más que el año anterior, según Sinadef. Un mejor control del crimen requiere de la mejora simultánea y coordinada de la PNP, Ministerio Público, Poder Judicial e INPE. Si bien el sector privado ha planteado una serie de medidas para avanzar en temas de infraestructura y equipamiento, ello tardará en ejecutarse y el liderazgo desde el ministerio del Interior y de la propia presidenta es fundamental. Si se denuncia a las máximas autoridades del Ministerio Público y Poder Judicial por temas referidos a denuncias que enfrenta el ministro del Interior y la presidenta, y además se impide la detención preliminar salvo en casos de flagrancia, se evidencia que se supedita la lucha contra la inseguridad ciudadana a los problemas de ambas autoridades. Es muy difícil que pueda pensarse en que se cumplirá con los requisitos de liderazgo y colaboración interinstitucional estrecha en este escenario.
Lo previsible es que durante 2025, la inseguridad ciudadana continuará creciendo, implicando una amenaza a familias y negocios, pero también una mayor erosión de la legitimidad y aprobación de la presidenta Boluarte. La inseguridad ciudadana, además, puede catalizar más protestas.
- Incertidumbre preelectoral
Las elecciones generales en abril 2026 y regionales y locales 2026 definirán gran parte de la dinámica política en 2025, como es natural. Es probable que las agrupaciones que pasen a segunda vuelta tengan un porcentaje de votos no mayor a 25%. A inicios de 2025, se registró la inscripción de 39 partidos, marcando un récord histórico, que podría continuar creciendo (hay 34 agrupaciones más en proceso) hasta la convocatoria de las elecciones en abril de este año. Este panorama anticipa una elección altamente fragmentada, en la que, como en 2021, podría triunfar un candidato con una mayoría reducida, por lo que nuevamente se producirá un escenario de un Poder Ejecutivo débil, obligado a lograr alianzas en el Congreso, en este caso con partidos políticos que pueden ser nuevos, puesto que las encuestas señalan que se busca una renovación de la clase política. Mientras tanto, el Congreso avanza en reformas políticas aplicables al proceso electoral, como la implementación de la bicameralidad. Sin embargo, estas reformas resultan insuficientes para abordar los problemas estructurales de mayor representatividad y gobernabilidad, aspectos clave para su fortalecimiento.
- Conflictividad social
Desde el inicio de la gestión de Dina Boluarte, no se ha dado un nuevo desborde de conflictividad social comparable al del primer trimestre de 2022. Esto se explica, en parte, por la ausencia de liderazgos sólidos en la oposición, así como por la dificultad para articular y sostener las protestas en el tiempo. Sin embargo, en el último trimestre del año se observó un repunte de la conflictividad, reflejado en protestas y bloqueos de vías. Este aumento tuvo dos principales detonantes: por un lado, las manifestaciones lideradas por gremios de transportistas y otros grupos sociales, principalmente en Lima, quienes exigían medidas concretas contra la inseguridad ciudadana; por otro, las protestas impulsadas por mineros informales, quienes demandaban la extensión del Reinfo a nivel nacional.
El contexto electoral, con muchos actores políticos fuera del Congreso actual, cambia los incentivos políticos, puesto que en un escenario de liderazgo fragmentado y que requiere visibilidad, algunos actores políticos podrían querer liderar protestas de diferentes sectores, especialmente en áreas donde las demandas ciudadanas no han sido atendidas. Si bien continúa la desafección hacia la clase política, hay temas como la inseguridad, que puede unificar el descontento, y otros temas sectoriales que pueden generar protestas lideradas por nuevos (o antiguos) actores políticos que logren la legitimidad para canalizar demandas.
