No es un secreto para nadie que la minería formal es una de las principales industrias del Perú. Según cálculos del Instituto Peruano de Economía, por cada empleo que crea la minería se generan otros ocho en transporte, manufactura y otros. Esto se explica porque esta industria genera sinergias con otras actividades económicos al necesitar insumos, productos y servicios.
Muchos peruanos reconocen su importancia económica como generador de trabajo, pero el sector no se encuentra libre de cuestionamientos. Muchos de ellos son producto de errores del pasado, donde algunas empresas irresponsables no tuvieron una gestión adecuada amparándose en la ausencia de regulación. A esto se le suma también el accionar de la minería ilegal, la cual se realiza en algunas partes del país sin ningún control, generando pasivos sociales y ambientales, además de estar vinculada a problemas como la deforestación, delincuencia y prostitución.
Si bien la minería formal cuenta en la actualidad con una exigente regulación y en muchos casos responde a estándares internacionales aún más rigurosos, ¿quién no ha escuchado alguna vez que esta minería contamina fuentes de agua y suelo o que no puede convivir con la agricultura u otras industrias? Estos mensajes se han transmitido durante décadas cuando lo cierto es que, a la fecha, las empresas mineras formales cumplen rigurosos estándares en sus operaciones y son fiscalizadas frecuentemente por instituciones como OSINERGMIN, OEFA, SUNAFIL y ANA para asegurar que no generen impactos negativos en su área de influencia.
Otro mito es que la minería formal no genera desarrollo para las zonas en donde opera. Sin embargo, si revisamos el Índice de Desarrollo Humano de los distritos mineros encontraremos que en gran cantidad de casos evidencian mejores cifras que otros distritos del Perú. Según el estudio “Minería en Perú 2021-2030: ¿Qué rol juega en la reactivación económica y el desarrollo territorial?” del Banco Interamericano de Desarrollo (2021), regiones mineras como Apurímac y Ancash hoy se suman a las más prosperas del país mientras que Apurímac experimentó una reducción de sus índices de desnutrición crónica y pobreza de casi 30%. Entre 2004 y 2009, esta región registraba un 70% de pobreza monetaria, cifra que ha ido disminuyendo progresivamente hasta 28.3% en 2021.
Este estudio del BID (2021) evidencia una correlación directa entre la reducción de la pobreza y la generación de ingresos por la actividad minera. A nivel general se puede concluir que en las zonas mineras la pobreza disminuyó en un 15% respecto a lo que hubiera decrecido sin el aporte de las mineras formales. El nivel de pobreza monetaria en zonas mineras pasó de 42.4% en 2007 a 20.2% en 2019, antes de la pandemia.
Si bien las empresas mineras no tienen la obligación de reemplazar al Estado, muchas vienen realizando proyectos y obras para mejorar la calidad de vida de la población de sus áreas de influencia, además de dinamizar la economía local mediante el empleo directo y la contratación y desarrollo de los proveedores locales.
En esa línea, los comunicadores que trabajamos con empresas mineras debemos contribuir a que estos mitos se extingan. Nuestros mensajes deben respaldarse con información veraz, confiable y verificable y ser transmitida por líderes empáticos y comprometidos con el desarrollo local y la protección ambiental que comprendan las emociones y motivaciones de sus destinatarios.
Estos mensajes no pueden destinarse solo al sector urbano, deben adaptarse para alcanzar y resolver las dudas y cuestionamientos de la población del área de influencia de las empresas mineras, que en su gran mayoría se encuentran en zonas rurales.
Es necesario pensar en una comunicación proactiva, oportuna y empática y trabajar de la mano con áreas de Relaciones Comunitarias de estas empresas, para acabar con estos mitos y seguir contribuyendo con el desarrollo del país.