El Congreso entra al último mes de la legislatura 2021-2026 con menos incentivos para la moderación. Poco más de 20 congresistas habrían logrado la reelección y la siguiente composición del Congreso renovará parcialmente el equilibrio entre bancadas. En ese contexto, el cierre del periodo puede acelerar agendas propias con impacto regulatorio, económico o sectorial. La combinación entre corto plazo político, baja expectativa de continuidad y necesidad de dejar activos legislativos puede reducir el espacio para la deliberación técnica.
El riesgo no termina necesariamente con el cierre formal del Pleno. Las sesiones están previstas hasta el 15 de junio, pero la legislatura podría ampliarse si quedan temas pendientes, como ha sucedido previamente. Si ello no ocurre, la Comisión Permanente puede seguir aprobando leyes hasta el final del mandato, siempre que los proyectos hayan quedado en agenda del Pleno. Por eso, las próximas semanas no solo importan por lo que se vote, sino por lo que logre ingresar a la ruta final de aprobación.
La minería concentra uno de los riesgos regulatorios más visibles. A una eventual nueva ampliación del REINFO se suma el dictamen sobre concesiones “ociosas”, impulsado por Juntos por el Perú y otras bancadas de izquierda. Aunque el tema podría evitarse hasta después de la segunda vuelta del 7 de junio para no generar ruido en campaña, podría retomarse en el tramo final. MINEM ya advirtió riesgos sobre inversión formal, exploración y estabilidad jurídica; sin embargo, la experiencia reciente muestra que las alertas técnicas del Ejecutivo no siempre se traducen en observaciones efectivas. El riesgo está en modificar condiciones de permanencia en un sector que requiere horizontes largos, permisos complejos y reglas predecibles.
La agenda previsional mantiene alta probabilidad de reactivación. Desde setiembre se observa un pico regulatorio, con más de 50 proyectos vinculados a retiros, libre disposición de fondos, uso para vivienda y cambios al sistema. Solo este año se han presentado nueve iniciativas para un nuevo retiro de hasta 4 UIT. Ese aparece como el riesgo más concreto: tiene una ruta política conocida y antecedentes de amplio respaldo, con 97 votos a favor en el séptimo retiro y 116 en el octavo. Aunque también hay proyectos para derogar o modificar la reforma previsional, ese debate parece menos probable en el corto plazo, pues la Ley 32123 fue aprobada con 38 votos y requeriría mayor articulación política.
El Congreso podría seguir profundizando la presión fiscal. En la agenda del Pleno figuran iniciativas sobre nombramientos en salud y educación, homologaciones remunerativas y beneficios en el sistema de justicia, todas con potencial de ampliar obligaciones permanentes del Estado. A ello se suma el dictamen que busca retirar al Ejecutivo la facultad de modificar las tasas del ISC, el único impuesto cuya variación puede definirse por decreto supremo. No sería una excepción, sino la continuidad de una tendencia: según el Consejo Fiscal, las leyes con impacto fiscal adverso se han concentrado en planilla y pensiones públicas, con compromisos pendientes por S/ 11,8 mil millones anuales, cerca de 1% del PBI. En un contexto de incumplimiento de reglas fiscales, el riesgo es trasladar más gasto permanente a la próxima administración y reducir espacio para inversión pública o medidas procrecimiento.
En el frente laboral, el riesgo no proviene de una gran reforma, sino de la acumulación de obligaciones puntuales para empleadores. Este Congreso ya mostró una alta presentación de iniciativas laborales, impulsadas desde bancadas de izquierda. Aunque las propuestas más disruptivas no prosperaron, las medidas acotadas pueden encontrar consenso bajo la narrativa de beneficios laborales. Los dictámenes recientes apuntan a asignación familiar, continuidad del seguro de salud tras el cese, seguro de desempleo y protección frente al despido por responsabilidades de cuidado. El riesgo es que eleven costos laborales, y rigideces operativas bajo la narrativa de ampliación de derechos.
La agenda de consumo puede avanzar bajo una narrativa de protección del ciudadano. El Congreso ha usado la defensa del consumidor como vía para intervenir en relaciones entre empresas y usuarios. Las iniciativas en discusión incluyen ingreso de alimentos y bebidas a eventos, transparencia de precios, cobranzas, plásticos de un solo uso y cambios al Código de Protección y Defensa del Consumidor. Son medidas de alta visibilidad y bajo costo fiscal, porque trasladan la presión regulatoria hacia las empresas. Su impacto puede verse en nuevas restricciones comerciales, mayores deberes de información, ajustes operativos y mayor exposición sancionadora.
En salud, el riesgo debe leerse con matices. Aunque se han presentado iniciativas más intervencionistas, como regulación de precios o mayores exigencias sobre genéricos, lo que suele avanzar son medidas de acceso, prevención, cobertura o trato al paciente. La propuesta de Renovación Popular para convertir a Susalud en regulador preocupa por sus posibles efectos sobre planes, tarifas o costos en salud, pero aún está en comisión y tendría que dictaminarse e ingresar rápidamente a la agenda del Pleno para aprobarse en este cierre.
También hay iniciativas sectoriales que conviene mirar con cautela, como la propuesta para crear un régimen temporal de formalización de embarcaciones pesqueras. Aunque la reciente opinión favorable del ministerio de Producción le dio visibilidad, el proyecto sigue en comisión y una propuesta previa fue retirada por su propio autor en marzo de este año. En el tramo final de la legislatura, aparece más como una señal de presión que como un riesgo inmediato de aprobación.
El cierre obliga a distinguir entre ruido legislativo y riesgo real de aprobación. No todas las iniciativas presentadas tienen la misma probabilidad de avanzar. En esta etapa, el riesgo se concentra en proyectos que ya tienen dictamen, están próximos al Pleno o pueden quedar habilitados para la Comisión Permanente. A ello se suman incentivos políticos claros: beneficios inmediatos en pensiones, presión organizada en gasto fiscal, bajo costo político en consumo y laboral, o impulso ideológico en minería. La pregunta ya no es solo qué temas generan preocupación, sino cuáles pueden convertirse en ley antes de que termine el mandato.
